La inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal volvió a encender una alerta institucional: la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) pidió al Poder Ejecutivo presentar ante el Congreso de la República una propuesta legislativa para ampliar la vacatio legis de la Ley núm. 74-25, cuya aplicación está fijada para el 5 de agosto de este año.
La solicitud expone un contraste entre la aprobación de la norma y las condiciones reales para ponerla en marcha. Según FINJUS, la promulgación realizada el 5 de agosto de 2025 ha dejado una preocupación extendida en la comunidad jurídica, que incluye juristas, académicos e instituciones del sector. Su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo que el texto arrastra ambigüedades, duplicidades e incoherencias, y advirtió que una entrada inmediata en vigor provocaría distorsiones en los tribunales. Castaños Guzmán afirmó además que aplicar la ley en esas condiciones podría causar “graves lesiones” al sistema de justicia penal y deteriorar la armonía entre las normas que integran el bloque de constitucionalidad.
Con la fecha límite ya definida en el artículo 393, el reclamo coloca presión sobre el Poder Ejecutivo y el Congreso para corregir una pieza legal que, según la advertencia planteada, no debería estrenarse sin revisión.