Después de confirmar la muerte de seis de sus ciudadanos por los terremotos registrados la semana pasada, el Gobierno de Argentina dispuso el envío de una misión consular humanitaria a Venezuela. La respuesta de emergencia también deja expuesta la dimensión humana de la crisis: hay un hospitalizado y siete pedidos de localización que siguen abiertos.
El canciller Pablo Quirno señaló que dos funcionarios arribaron el sábado a territorio venezolano para relevar las necesidades de la comunidad argentina, colaborar en la búsqueda de desaparecidos, asistir a los heridos y acompañar a los familiares de las víctimas. De acuerdo con su explicación, el equipo ya tomó contacto con personas que denunciaron familiares ausentes y con adultos mayores que recibían ayuda por medio de Cáritas Venezuela. Además, indicó que se tramita una eventual visita a ciudadanos argentinos que continúan detenidos en ese país.
La operación adquiere una relevancia institucional extra porque se produce casi dos años después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, tras la expulsión del personal diplomático argentino de Caracas en medio de las tensiones por las elecciones presidenciales venezolanas de 2024. A ese despliegue se suma el contingente de 24 brigadistas enviado el viernes, mientras el Ministerio de Defensa anunció la salida de un segundo equipo de médicos y enfermeros y la preparación de dos plantas potabilizadoras. En contextos de desastre, el resultado observable vuelve a poner el foco en la capacidad real de respuesta, la necesidad de control público y la prioridad de proteger a los ciudadanos por encima del discurso oficial.