A cuatro días de los dos terremotos consecutivos que golpearon a Venezuela, la crisis sigue definida por una cifra que refleja la magnitud del colapso: más de 50.000 personas continúan siendo buscadas por sus familiares, mientras centenares de rescatistas del país y de otras naciones trabajan contrarreloj entre los escombros.
Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, han dejado hasta ahora al menos 1.450 muertos y unos 3.150 heridos. Frente a ese panorama, la respuesta anunciada por el poder se centra en la creación de una comisión integrada por ministerios, universidades y especialistas para determinar si las edificaciones afectadas son habitables y revisar la infraestructura vial, incluidos puentes y caminos elevados.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo por la televisión estatal que esa comisión presidencial ya está trabajando para verificar «las condiciones de habitabilidad» y si las personas pueden regresar a sus hogares. Sin embargo, con decenas de miles de personas aún buscadas por sus familiares, la emergencia mantiene abierto el cuestionamiento sobre la capacidad de respuesta institucional y sobre la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad que sigue imponiendo la tragedia.
