Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, reconoció este lunes que la Ley 30-26, aprobada por el Congreso como un paquete de medidas para impulsar la economía, simplificar el sistema fiscal y enfrentar la crisis internacional, no corrige el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas. Pese a defenderla como una salida viable para el momento actual, admitió que el país continúa a la espera de un pacto fiscal más amplio.
En una conversación con Despierta con CDN, explicó que la iniciativa procura sumar nuevos ingresos, otorgar alivios a sectores productivos y corregir distorsiones tributarias acumuladas durante décadas. El Gobierno estimó una recaudación adicional de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, dentro de una estrategia de consolidación fiscal, lucha contra la evasión, simplificación e incentivos a la inversión. Aun así, el propio funcionario puso límites al alcance de la ley al aceptar que no resuelve el desequilibrio de fondo.
Díaz insistió en que la Ley 30-26 no debe leerse ni como una reforma fiscal integral ni como un mero parche. Detalló que introduce cambios al Código Tributario, formaliza acuerdos de pago, regula descuentos por pronto pago y actualiza definiciones. También precisó que su entrada en vigor será escalonada: la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías será inmediata, mientras que la eliminación del 2 % a las hipotecas tomará dos años y el gravamen selectivo a los seguros de vida se desmontará en tres.
Otras medidas comenzarán a aplicarse desde enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta.