Hasta marzo de 2026, el Estado había destinado más de RD$897 millones y US$2,185,617 en alquileres de almacenes para instituciones públicas, una carga que se suma a los RD$10,677 millones reportados por la Digepres en alquileres y rentas hasta la última semana de diciembre de 2025. Los contratos abarcan desde archivo de documentos y almacenamiento de activos fijos hasta custodia de cajas navideñas y mercancías de donación para personas de escasos recursos.
La revisión de 93 procesos suministrados por la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Contraloría de la República, con 18 expedientes repetidos en ambas instituciones, vuelve a poner el foco sobre la forma en que se manejan estos arrendamientos. Según el recuento, varios acuerdos enviados eran extemporáneos y otros aparecían “cerrados” o sin información, por lo que no fueron incluidos. En ese contexto, el uso de procedimientos de excepción deja de verse como un recurso puntual y pasa a perfilarse como una práctica recurrente. El propio reporte señala que la mayoría de los procesos fueron adjudicados bajo modalidades excepcionales. La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas establece que esas excepciones responden a circunstancias especiales, pero los datos revisados muestran su presencia reiterada en contrataciones de depósitos, oficinas, parqueos y centros logísticos.
El caso del SRSO, identificado como la unidad de compra con más contratos, refuerza la necesidad de fiscalización sobre un esquema de gasto que combina montos elevados, información incompleta y una dependencia sostenida de mecanismos no ordinarios.