La fórmula anunciada por la administración para enfrentar la crisis vuelve a poner sobre la mesa una inquietud persistente: quién acabará asumiendo el costo. Aunque el paquete contempla medidas para facilitar las operaciones de pequeñas empresas y reforzar la recaudación fiscal, la discusión de fondo sigue intacta: si estamos ante una salida estructural o frente a acciones provisionales que, como ha ocurrido antes, terminan cargando los gastos sobre la población.
El precedente que pesa sobre cualquier ajuste es conocido. Cada vez que se anuncian medidas para fortalecer las finanzas públicas o proteger la estabilidad económica, los consumidores dominicanos quedan expuestos a mayores precios, nuevas cargas tributarias o incrementos en tarifas de servicios esenciales. Por eso, las decisiones dadas a conocer por el Gobierno no pueden medirse solo por su propósito declarado, sino por su efecto real en los hogares.
A esa advertencia se suma un problema de gestión que distintos sectores vienen señalando desde hace años: fallas en la administración tributaria, altos niveles de evasión y elusión fiscal, y otras deficiencias que siguen sin corregirse de raíz. En ese escenario, el debate no es únicamente técnico. También supone una demanda de rendición de cuentas sobre si la respuesta oficial corrige las fallas del sistema o vuelve a descargar el peso de la crisis sobre los ciudadanos.