La segunda vuelta en Perú entró en una fase de máxima vigilancia institucional. Mientras Juntos por el Perú, partido de Roberto Sánchez, defendió las proyecciones de Ipsos y Datum que lo colocan arriba por estrecho margen, también anunció gestiones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil Transparencia para exigir precisiones sobre declaraciones posteriores que abrieron dudas sobre el desenlace.
En rueda de prensa, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, sostuvo que el conteo rápido es «el instrumento más sólido que tenemos» y cuestionó los «supuestos que no cumplen con el rigor técnico» mencionados por el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, al plantear que Fujimori puede ganar la elección. Torres había señalado que el avance contabilizado, sin incluir el voto en el extranjero ni las actas observadas, daba «una ligera ventaja a Sánchez», aunque modelos desarrollados en la mayoría de los casos ponían a Fujimori ligeramente adelante.
Los datos disponibles mantienen el escenario abierto y bajo escrutinio. La muestra de Ipsos con actas oficiales, con margen de error de 1,9 %, otorgó 50,3 % a Sánchez y 49,7 % a Fujimori; Datum le asignó 50,14 % frente a 49,86 %, con margen de error de 1 %. A la vez, el cómputo oficial con 95,97 % de actas daba a Sánchez 50,05 % y a Fujimori 49,94 %, en un proceso con aproximadamente 1,1 millones de votos todavía por contabilizar, entre ellos los del extranjero y las actas observadas, lo que refuerza la demanda de control y explicaciones públicas antes de dar por cerrado el resultado.