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Tribunal frena pedido de prisión y deja bajo coerción caso por presuntas amenazas contra Abinader

noviembre 14, 2026 · Redactor
Tribunal frena pedido de prisión y deja bajo coerción caso por presuntas amenazas contra Abinader
Foto: diariodigitalrd.com

La decisión en Duarte coloca el foco en la respuesta institucional y en la necesidad de vigilancia sobre una investigación que el Ministerio Público lleva bajo cargos de terrorismo.

Un tribunal del distrito judicial de Duarte impuso este viernes garantía económica de RD$1 millón en efectivo, presentación periódica cada 15 días e impedimento de salida del municipio de San Francisco de Macorís contra Delvinson De La Cruz Sosa, de 29 años, investigado por presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader. La medida fue dictada después de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva, pero la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente optó por coerción menos gravosa mientras avanza el proceso.

Además, el tribunal ordenó que De La Cruz Sosa permanezca bajo el cuidado y vigilancia de su padre durante seis meses. La audiencia fue conocida por el juez Wilton Oniel Peguero y el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Engels Luis Polanco. El caso se procesa bajo cargos relacionados con terrorismo, en un expediente que vuelve a poner bajo escrutinio la forma en que las autoridades presentan y sostienen investigaciones de alto impacto político.

La pesquisa llevó al arresto del imputado durante un allanamiento en un apartamento del sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, y también incluyó una intervención en un establecimiento comercial de la ciudad. La orden de arresto fue solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, y autorizada por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte. De acuerdo con el expediente, organismos de inteligencia habían detectado y advertido sobre las presuntas intenciones atribuidas al investigado, un elemento que refuerza la alerta institucional y la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se manejan este tipo de casos desde el poder.