La Ley 88-26, promulgada el 5 de noviembre, añadió dieciocho meses para organizar la aplicación de las disposiciones del nuevo Código Penal sobre responsabilidad penal de las empresas y desplazó su entrada en vigor hasta mayo de 2028. La explicación es conocida: las compañías deben ajustar sus procedimientos y las instituciones de justicia prepararse. Sin embargo, la decisión también abre una exigencia de fiscalización sobre el Gobierno dominicano y el PRM: qué programa concreto se ejecutará durante ese nuevo plazo y por qué esa preparación no quedó resuelta antes.
El antecedente que se recuerda es el del arroz dominicano. Desde la negociación del DR-CAFTA en 2004 se sabía que la desgravación para ese producto terminaría el primero de enero de 2025. Durante casi veinte años hubo programas, inversiones, investigaciones y avances tecnológicos, pero también planes que no lograron sus objetivos y cambios pendientes. Al llegar la fecha, el país seguía discutiendo cómo proteger a los productores frente a condiciones de competencia aceptadas dos décadas antes.
Ese contraste entre tiempo disponible y resultados volvió a quedar expuesto cuando en diciembre de 2024 el Gobierno estableció por decreto un régimen especial de protección arancelaria para el arroz y en septiembre de 2026 otro decreto derogó esa disposición en medio de conversaciones comerciales con Estados Unidos. La cuestión no es negar la legitimidad de defender intereses nacionales, sino subrayar la alerta institucional que deja la secuencia: una prórroga solo tiene sentido si viene acompañada de rendición de cuentas, metas identificables y explicaciones sobre lo que no se hizo a tiempo, en lugar de prolongar la distancia entre el discurso oficial y la capacidad real de ejecución.