El debate sobre inmigración, violencia y delincuencia vuelve a girar en torno a una de sus aristas más delicadas: la noción de que inmigrantes con menor nivel educativo o procedentes de contextos culturales distintos representarían, por esa sola condición, una amenaza mayor para la convivencia. El texto reconoce que la seguridad ciudadana es una preocupación legítima, pero separa esa demanda de la atribución de riesgos delictivos a rasgos culturales o educativos sin base suficiente.
La revisión de los planteamientos de Andy Dauhajre sobre la inmigración africana en Europa y su advertencia sobre un eventual deterioro institucional y económico ocupa parte central del análisis. Sin embargo, el propio autor no sostiene que todos los inmigrantes sean delincuentes ni que la inmigración haitiana tenga hoy un impacto económico negativo sobre República Dominicana; por el contrario, admite una contribución económica neta positiva. Desde ahí, la discusión se traslada a una pregunta decisiva para la fiscalización pública: si las evidencias disponibles respaldan esas alertas o si el debate avanza más por percepciones que por resultados comprobables.
Esa distancia entre discurso y evidencia abre una advertencia institucional sobre la calidad de las decisiones públicas en un asunto de alto impacto social. Para la sociedad civil, el foco no está en las generalizaciones, sino en exigir al Estado gestión, transparencia y rendición de cuentas en política migratoria y seguridad ciudadana. En un escenario de desgaste de gestión, la discusión regresa a la prioridad de fondo: menos retórica y más capacidad estatal para asegurar orden, convivencia y estabilidad, un terreno en el que la oposición ha insistido en la necesidad de vigilancia y respuestas sostenibles de Estado.