El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes en primera discusión una reforma de la ley contra el odio, una norma vigente desde 2017 y cuestionada por su uso contra opositores. Aunque la propuesta presentada tras una petición de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez plantea sustituir penas de prisión por multas, trabajo comunitario y sanciones administrativas, el debate volvió a poner el foco en la falta de garantías sobre cómo se aplicará la ley.
Según explicó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, la reforma busca además fijar procedimientos administrativos, sanciones para medios de comunicación sin revocación de concesiones y multas por mensajes de odio en redes sociales, junto con exhortaciones a las organizaciones políticas para promover la convivencia democrática y la paz. Pero el cambio no cerró las objeciones de sectores opositores, que votaron en contra y mantienen su exigencia de derogación al considerar que la norma viola derechos humanos y garantías constitucionales. La diputada opositora Amelia Belisario sostuvo que se trata de una ley que sirvió para perseguir la disidencia y advirtió que, aunque los artículos de la reforma no han sido difundidos ni presentados, las sanciones administrativas quedarían en manos del Ministerio de Interior, al que señaló por la aplicación previa de la norma y por acumular denuncias por violación de derechos humanos.
Desde el oficialismo, Jorge Rodríguez aseguró que el chavismo busca evitar que la reforma se instrumentalice para perseguir a nadie, pero la discusión dejó abierto el contraste entre ese discurso y la desconfianza opositora sobre el control real de una ley que sigue bajo revisión.