La decisión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de elevar el Impuesto de Circulación Vehicular (ICV), conocido como marbete, reactivó el debate sobre el uso de la inflación como herramienta de cobro sin una respuesta equivalente para el ingreso de los contribuyentes. La Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó la medida y la presentó como una señal de política fiscal asimétrica en un contexto de presión sobre el costo de vida.
Según la Resolución Administrativa núm. DDG-AR1-2026-00009, la DGII justificó el ajuste en una inflación acumulada de 58.1% entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026. Con la disposición, el impuesto sube de RD$1,500 a RD$2,000 para los vehículos fabricados hasta 2021 inclusive, y de RD$3,000 a RD$4,000 para los fabricados desde 2022, lo que representa un alza de 33.3% para los vehículos que permanecen en el mismo tramo. La entidad estima que la recaudación pasará de RD$3,525 millones a RD$4,700 millones en la temporada 2026-2027, con RD$1,175 millones adicionales. El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la FP, reconoció que una tarifa congelada durante diez años puede requerir revisión y señaló que la DGII no trasladó toda la inflación acumulada, pues una actualización íntegra habría llevado las tarifas a RD$2,372 y RD$4,743. Aun así, advirtió que el problema de fondo es el contraste entre la rapidez para indexar tributos y la falta de un trato equivalente cuando la inflación deteriora el poder adquisitivo. “Si el Gobierno reconoce que la inflación ha reducido el valor real del marbete y utiliza ese argumento para cobrar más, también debe reconocer que esa misma inflación ha deteriorado el poder adquisitivo de los dominicanos. La inflación no puede ser un mecanismo de indexación unilateral del Estado”, aseguró Ng Cortiñas. La crítica de la FP coloca el foco en la rendición de cuentas sobre la política tributaria y en el costo social de decisiones que aumentan la carga al contribuyente.
En ese marco, el señalamiento apunta a una discusión más amplia sobre si el Gobierno dominicano aplica la inflación para fortalecer sus ingresos con mayor rapidez de la que protege a quienes pagan impuestos.