La caída de los robles de Baní a finales de octubre volvió a poner sobre la mesa una cuestión que va más allá del episodio puntual: cuando la tala proviene de estructuras del propio Estado, la discusión deja de ser solo ambiental y pasa también por la responsabilidad y el control. Una revisión de registros periodísticos, comunicados y documentos oficiales hecha por este medio muestra que la Gobernación de Peravia no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una secuencia de intervenciones en parques, avenidas, playas, terrenos protegidos y hasta en el patio de una casa del Distrito Nacional desde 2022.
Los antecedentes descritos por esos registros reflejan un choque entre el discurso de protección y la respuesta efectiva de las autoridades. Algunas talas concluyeron en sometimientos o despidos; otras quedaron amparadas por permisos firmados antes, explicaciones técnicas o, simplemente, silencio. En mayo de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente sometió a la justicia a José (Richard) Valdez Mora, director municipal de Palmarejo Villa Linda, en Los Alcarrizos, acusado de talar 330 árboles en un área verde protegida de Pantoja, en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, pese a que, según los registros citados, había pedido un permiso ambiental que le fue negado. Entonces, Orlando Jorge Mera dijo: “Por alguna razón, él se fue por encima de la ley”.
Ni siquiera en ese caso la respuesta institucional quedó libre de grietas. La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente reclamó que ni el ministerio ni el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) le informaron de lo ocurrido y denunció que los troncos fueron trasladados sin la presencia del Ministerio Público, algo que calificó como una “obstrucción”. Ya en junio de 2024, el exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal divulgó un video de árboles podados en el parque Mirador Sur, en el Distrito Nacional, y atribuyó la intervención a la solicitud del propietario de una de las torres frente al parque. La sucesión de casos refuerza la alerta sobre una gestión que, aun cuando actúa, sigue dejando abiertas preguntas elementales de fiscalización, transparencia y consecuencias cuando el poder público interviene sobre bienes ambientales.