En los dos últimos meses, las muertes en supuestos intercambios de disparos se aproximan al centenar y devuelven al Gobierno dominicano al centro del escrutinio por una política de seguridad señalada en el propio texto por sobrepasar códigos, leyes y la Constitución. La seguidilla de casos no cierra el debate: más bien alimenta una alerta institucional sobre el uso de la fuerza y el desgaste de una gestión que sigue sin despejar las denuncias sobre ejecuciones de presuntos o reales delincuentes.
La captura de cuatro ciudadanos colombianos, a quienes la Policía atribuye varios asaltos a mano armada en sectores exclusivos de Santo Domingo, puso además sobre la mesa un contraste que golpea el discurso oficial. El trato dispensado a esos extranjeros, frente al que —según el texto— reciben delincuentes pobres del país, en el Polígono Central refuerza la percepción de una seguridad desigual y de una autoridad más severa con unos que con otros.
La inquietud aumenta con casos documentados por medios en los que videos desmintieron la versión policial y señalaron asesinatos a sangre fría. Así, la discusión deja de ser únicamente policial y pasa al terreno político e institucional: crecen las preguntas sobre quién controla, quién responde y hasta dónde puede llegar una práctica que, según el texto, sigue amparada por la impunidad bajo uniforme.