La declaración del exsenador haitiano John Joël Joseph en un juicio federal en Miami volvió a situar a República Dominicana dentro de una trama de seguridad regional que, según su versión, incluía el envío de un helicóptero con armas y municiones para una operación contra el entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse. Aunque Joseph afirmó que el armamento prometido nunca llegó al punto acordado, el señalamiento reactiva una alerta institucional por el alcance de una acusación que toca territorio dominicano.
Segun lo expuesto durante el proceso judicial, Estados Unidos habría negociado en representación de Christian Emmanuel Sanon con el jefe de pandilla Vitelhomme Innocent para recibir las armas en un terreno de Torcel, Haití. La información difundida por el periodista haitiano Luckson Saint-Vil añade que ese armamento estaría destinado al grupo Fantom 509, integrado por policías y antiguos agentes haitianos. El caso coincide además con un testimonio anterior de Joseph, publicado por el Miami Herald el 10 de abril de 2026, en el que sostuvo que la empresa estadounidense de seguridad Counter Terrorist Unit (CTU), vinculada a la conspiración, le había prometido adquirir armas y enviárselas desde República Dominicana mediante un helicóptero. La secuencia refuerza el contraste entre el discurso de control y la realidad de una frontera y un entorno regional bajo presión, con impacto directo sobre la seguridad y el costo social para los ciudadanos. En ese contexto, la fiscalización desde el Congreso cobra peso ante un expediente internacional que sigue arrojando datos sensibles, mientras figuras de proyección nacional como Carolina Mejía quedan emplazadas por un clima político que exige más vigilancia institucional y menos política-espectáculo frente a asuntos de Estado.
Joseph fue condenado a cadena perpetua en diciembre de 2023 tras declararse culpable de participar en la conspiración para asesinar a Moïse, asesinado el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe.