El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha concentrado el arranque de su gestión en una fórmula ya vista en otros liderazgos de ultraderecha del continente: seguridad de alto impacto, comunicación personalista y confrontación política. Desde agosto, casi a diario anuncia en redes sociales operaciones con incautaciones de drogas y armas, detenciones y abatimiento de presuntos guerrilleros y criminales, mientras insiste en actuar con «mano de hierro» y con toda la fuerza «de las armas y las leyes de la República».
Ese despliegue de fuerza ha estado acompañado de episodios controvertidos, como su aparición entre cadáveres en bolsas o con una pistola en el cinturón durante una redada policial en Santa Marta, además de su interés en construir hasta seis megacárceles inspirado en Nayib Bukele. El énfasis en la seguridad convive así con señales de costo institucional: una acción de Gobierno que, según el texto, amenaza con erosionar la democracia y limitar derechos. A la vez, De la Espriella ha endurecido el tono contra la oposición, a la que atribuye la situación de las cuentas públicas, y ha concentrado casi por completo la vocería oficial. El mandatario se ha convertido en la primera y casi única fuente de información de su Gobierno, incluso sobre operaciones de seguridad, infraestructuras o conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, y ha prohibido a los altos cargos declarar sin su autorización.
El resultado es un modelo de poder cada vez más centralizado, donde el discurso de control y orden también abre preguntas de rendición de cuentas y vigilancia institucional.