La Procuraduría General de la República pidió a la Dirección General de Migración conservar únicamente los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que tengan sustento judicial. La decisión derivó en la eliminación de restricciones para 56,140 ciudadanos, y dejó en evidencia que durante años permanecieron activos registros que limitaban viajes al exterior sin la base legal requerida.
De acuerdo con la información oficial, la depuración surgió de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica integrada por el Ministerio Público y Migración. Ese equipo auditó datos desde 1990, luego de detectar tres décadas de acumulación sin actualización de oficio. En esa revisión, las autoridades comprobaron que miles de personas seguían arrastrando anotaciones por procesos judiciales ya cumplidos o por errores administrativos, sin órdenes emitidas por una autoridad competente.
La medida fue presentada como una acción para proteger derechos fundamentales, aunque también abre cuestionamientos sobre los controles aplicados durante años en el sistema migratorio. Para la sociedad civil, lo central no es solo la corrección anunciada, sino que más de 56 mil personas recuperaron su derecho a viajar después de que el propio Estado admitiera fallas prolongadas en registros y alertas que nunca debieron seguir vigentes.