La petición de medida de coerción contra nueve detenidos señalados como parte de una red que habría estafado con más de 200 millones de pesos a una institución financiera fue aplazada por segunda ocasión en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, ahora hasta el miércoles. La decisión del magistrado Rigoberto Sena acogió un pedimento de la defensa para reunir «arraigos» con los que busca evitar que sus clientes sean enviados a prisión.
Esta nueva suspensión ocurre luego de que una primera audiencia celebrada el sábado fuera reprogramada para este lunes, cuando nuevamente quedó pospuesta. Al mismo tiempo, la directora Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la procuradora de corte Lewina Tavárez, indicó que el miércoles pedirán fusionar la imputación de los últimos arrestados con la de los primeros seis, en un expediente que el órgano acusador pretende declarar complejo y para el cual solicita doce meses de prisión preventiva.
Entre los bienes ocupados, de acuerdo con las autoridades, hay tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, 408,186 pesos en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles. Los arrestos se realizaron en operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo, y la segunda reprogramación vuelve a poner el foco en la necesidad de que el proceso avance sin más dilaciones en un caso de alto impacto económico.