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Tribunal divide el expediente por presunta corrupción y libera a varios exfuncionarios; Donald Guerrero y Ángel Lockward irán a juicio

mayo 30, 2026 · Redactor
Tribunal divide el expediente por presunta corrupción y libera a varios exfuncionarios; Donald Guerrero y Ángel Lockward irán a juicio
Foto: elnuevodiario.com.do

La resolución vuelve a poner sobre la mesa la solidez de las acusaciones en una causa por un presunto perjuicio millonario al Estado

SANTO DOMINGO.- Al cerrar la etapa preliminar del proceso por presunta corrupción administrativa, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó este viernes auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, de Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias, al entender que no procede enviarlos a juicio de fondo.

La jueza Altagracia Ramírez emitió la resolución luego de examinar las pruebas documentales, periciales y testimoniales aportadas por el Ministerio Público y las defensas. Con ello, quedó bajo escrutinio la consistencia del expediente en una causa en la que el órgano acusador afirmaba que existía una presunta red que habría causado al Estado un perjuicio económico superior a los RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones, contratos, deudas administrativas y otros mecanismos.

Por el contrario, el tribunal dispuso apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, junto a Princesa Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Caamaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Mabel Mejía, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo. La decisión marca un giro dentro del proceso: mientras una parte de los imputados queda fuera del expediente, otra deberá responder en juicio de fondo, en un caso que mantiene la atención sobre la capacidad institucional para sustentar acusaciones y esclarecer responsabilidades en hechos de alto impacto público.