El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el cese inmediato del arresto domiciliario que cumplía Raúl Alejandro Girón Jiménez, mayor del Ejército y testigo clave del Ministerio Público en el caso Coral, en una decisión que vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo institucional de uno de los procesos de mayor sensibilidad pública. La presidenta del tribunal, magistrada Gisell Méndez, varió la medida de coerción y la sustituyó por impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse el último viernes de cada mes.
El cambio fue acogido tras una solicitud de la defensa técnica del imputado, encabezada por el defensor público Rubén Martínez, sin oposición del fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la PEPCA, ni del abogado José Alberto Ortiz, representante del Estado dominicano en el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público. Al motivar la decisión, la jueza sostuvo que mantener la privación preventiva de libertad resultaba desproporcionado en la etapa actual del proceso, al recordar que ya se había cumplido el plazo máximo correspondiente a la pena de cinco años impuesta al militar.
También señaló que el arresto domiciliario había sido ordenado el 5 de mayo de 2021 y que, al momento de dictarse la sentencia, la condena estaba prácticamente agotada en el tiempo transcurrido bajo esa medida, un contraste que reabre la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre cómo se administran los tiempos y decisiones en casos de corrupción de alto perfil.