El Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago la solicitud de medida de coerción contra los apresados en la Operación XL526, expediente en el que se investiga una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos. En ese proceso aparecen como presuntos cabecillas Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, además de otros imputados señalados como miembros operativos.
No obstante, el avance del caso quedó acompañado de quejas de la defensa por garantías básicas. Abogados denunciaron que hasta este jueves no habían recibido notificación formal de la instancia depositada y que tampoco habían podido acceder de manera completa a sus representados para preparar sus estrategias legales, una situación que añade presión sobre la transparencia del procedimiento en una causa de alto perfil.
Kilvio González, abogado de Danny Rafael Laguar Ferreira, aseguró que su defendido es ingeniero civil y negó su vinculación con la estructura investigada. También dijo que la solicitud de coerción habría sido depositada alrededor de las tres de la madrugada y que todavía estaba en proceso de organización y cotejo de pruebas, lo que, según explicó, retrasó la notificación a las distintas defensas. En medio de la gravedad de las acusaciones, las denuncias sobre debido proceso centran la atención no solo en los imputados, sino también en la obligación de las autoridades de sostener el caso con apego estricto a las reglas.