El arresto del inspector de control migratorio Carlos Javier Sánchez, acusado de pedir RD$100 mil a una mujer para facilitar su salida a España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, vuelve a colocar sobre la mesa las dudas sobre la vigilancia en un punto sensible del sistema migratorio. El imputado fue detenido cuando presuntamente iba a recibir el dinero en una entrega controlada autorizada por una jueza.
La investigación está en manos de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con respaldo de equipos operativos de la Dirección General de Migración. La operación fue ejecutada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo dirección del Ministerio Público y con representación del fiscal Miguel Crucey, luego del Auto núm. 02535-2026 emitido el 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
Pese al arresto, el expediente coloca en primer plano un problema institucional: la presunta exigencia de dinero para viabilizar una salida internacional desde una terminal clave del país. El Ministerio Público informó que someterá al imputado en las próximas horas para conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.