La denuncia planteada este lunes por la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, volvió a poner bajo la lupa el control estatal sobre los apartamentos entregados en Hato del Yaque dentro de los programas de reubicación. La funcionaria aseguró que algunos beneficiarios están comercializando de manera irregular viviendas adjudicadas bajo condiciones de intransferibilidad, mediante acuerdos privados entre particulares.
Según explicó Santos, aun con esa restricción quienes compran los inmuebles reciben actos de venta, aunque los apartamentos no pueden ser transferidos legalmente. Añadió además que parte de las familias reubicadas desde zonas vulnerables y de alto riesgo terminan vendiendo las unidades y regresando a esos lugares o invadiendo terrenos privados, una situación que, dijo, dificulta los esfuerzos oficiales para reducir asentamientos en áreas de riesgo.
El episodio vuelve a centrar la atención en la vigilancia de un proyecto presentado para mejorar las condiciones de vida y reubicar familias que residían a orillas del arroyo Gurabo. Ante ese panorama, la gobernadora exhortó al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) a reforzar la supervisión de los apartamentos entregados por el Estado para evitar que continúe esa práctica.