El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha forjado su imagen pública como combatiente de la corrupción y defensor de la población, con un relato centrado en la gran cantidad de prisioneros de organizaciones criminales y en los castigos adicionales aplicados cuando hay protestas en las cárceles. Ese perfil le ha dado prestigio y lo ha convertido en referencia para muchos países.
Pese a ello, sus intervenciones públicas suelen poner el acento en la victoria frente al pandillerismo, mientras queda en un segundo plano el avance de las acciones orientadas a lograr sentencias contra funcionarios y gobernantes anteriores por corrupción. Esa omisión pesa más porque el propio Bukele afirmó que el dinero público no alcanza para el progreso del país si hay quienes se lo están robando.
En ese marco, han empezado a circular reportajes que acusan a Bukele de favorecer a familiares y amigos políticos con proyectos y acuerdos monetarios del país. Los señalamientos reactivan la exigencia de vigilar el uso de los recursos públicos y colocan bajo presión la coherencia entre el discurso oficial contra la corrupción y las prácticas que ahora se le atribuyen.