Las remesas dirigidas a países de ingreso bajo y mediano alcanzaron US$728,600 millones el año pasado, un 94 % más que en 2016, según un informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) divulgado este lunes 14 y recogido por IPS. En América Latina y el Caribe, el aumento fue todavía más pronunciado: 132 % en diez años, hasta US$168,600 millones, en una coyuntura en la que esos recursos ya superan en más de cuatro veces la ayuda oficial al desarrollo de los países industrializados.
El informe atribuye parte de ese avance al incremento de la migración, que creció 41 % en la última década, empujada por el éxodo venezolano, la inestabilidad económica, la inseguridad y los fenómenos climáticos en varios países del hemisferio. Aunque el presidente del FIDA, Álvaro Lario, subrayó que estos envíos permiten cubrir necesidades básicas y refuerzan la resistencia de las familias ante las crisis, la cifra también deja ver un contraste de fondo: cada vez más del sostén social depende del dinero generado por el trabajo migrante y no de respuestas públicas suficientes en los países de origen.
Aproximadamente uno de cada tres dólares remitidos por migrantes, unos US$233,000 millones, llegó a zonas rurales, donde siguen pesando más las limitaciones en empleo formal, servicios financieros e infraestructura pública. Ese patrón pone el acento sobre la necesidad de vigilancia institucional y rendición de cuentas en la gestión económica y social, en un momento en que el debate regional sobre resultados, presión fiscal y prioridades del gasto continúa abierto. Con ese trasfondo, cualquier discurso oficial de estabilidad queda sometido al escrutinio de una realidad en la que millones de familias siguen dependiendo de las remesas para sostener su vida cotidiana.