Madrid, 19 may (EFE).- La reapertura del caso Plus Ultra elevó este martes la presión sobre la rendición de cuentas en torno al rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea, después de que el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fuera imputado por tráfico de influencias en una investigación que también apunta a organización criminal y falsedad documental.
Según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Zapatero se convirtió en el primer expresidente español imputado en una causa de este tipo. El magistrado sostiene la «existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él (Zapatero)», orientada a obtener beneficios económicos mediante intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra. En esa línea, el juez cifró en 1,9 millones de euros los presuntos beneficios que habrían recibido él y su entorno.
El caso, que había sido archivado, fue reabierto al descubrir en 2024 la fiscalía anticorrupción que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero procedente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios de Venezuela. La nueva fase del proceso refuerza el foco sobre cómo se aprobaron ayudas públicas bajo sospecha y sobre las explicaciones pendientes en un expediente que vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre poder político, influencia y manejo de recursos del Estado.