La Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la Nación de Colombia acordaron poner en marcha un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) en materia penal, conforme a la Convención de Palermo de la ONU y al ordenamiento jurídico de ambos países. La medida se inscribe en una estrategia para fortalecer la cooperación jurídica internacional frente al crimen organizado, con especial atención a delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico de migrantes.
Yeni Berenice Reynoso y Luz Adriana Camargo Garzón rubricaron el acuerdo. En el acto, Reynoso destacó que la firma incorpora un plan operativo y la describió como una herramienta para sostener una cooperación oportuna. Además, recordó que República Dominicana ya había constituido un primer Equipo Conjunto de Investigación con Chile, en una línea de trabajo que, según dijo, procura aprovechar de manera eficiente los mecanismos previstos en la Convención de Palermo.
La procuradora reiteró que la trata de personas es un delito de “alta prioridad” para su gestión y advirtió que “lacera profundamente la dignidad de las personas”. Con ese énfasis, el reto pasa ahora por convertir convenios y planes en resultados verificables, en un terreno donde la distancia entre discurso y realidad impacta de forma directa sobre víctimas sometidas a formas de explotación que la funcionaria comparó con la esclavitud.