República Dominicana está entre los países de Centroamérica y el Caribe con más regulaciones para reducir el desperdicio de alimentos, aunque el diagnóstico presentado por Tetra Pak volvió a subrayar un problema que impacta el costo de vida: contar con normas no basta cuando su aplicación falla.
En un desayuno de prensa celebrado en Santo Domingo, Bruno Basile, director de Comunicaciones para Centroamérica y el Caribe de la empresa, señaló que Costa Rica y República Dominicana son los países con mayores avances normativos en esta materia. Pese a ello, advirtió que en la región sigue existiendo una brecha crítica entre el discurso regulatorio y la ejecución. “En algunos casos puede que exista la ley, más no la aplicación de la misma”, afirmó.
Ese planteamiento adquiere mayor peso en un escenario en el que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 38 % de la población experimenta inseguridad alimentaria, mientras 43 millones de personas enfrentan hambre, de acuerdo con la FAO. Al mismo tiempo, cerca del 11.6 % de los alimentos producidos en la región se pierde o desperdicia cada año, una señal de que el problema no es únicamente ambiental, sino también social y económico.
Basile sostuvo que la reducción del desperdicio de alimentos requiere un esfuerzo conjunto entre el sector privado, los gobiernos y la ciudadanía, y recalcó que no puede recaer en un solo actor. Además, apuntó que uno de los principales desafíos en América Latina sigue siendo la conciencia ciudadana sobre reciclaje y aprovechamiento de alimentos, especialmente porque, aunque la industria puede medir y optimizar pérdidas mediante tecnología y procesos, el desperdicio en los hogares continúa siendo un reto.
La advertencia deja una señal institucional para el gobierno dominicano: liderar en materia normativa sirve de poco si la aplicación no se traduce en un alivio tangible frente a la inseguridad alimentaria y el desperdicio. En un escenario donde los sistemas alimentarios generan un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, la discusión ya no gira en torno a exhibir marcos legales, sino a rendir cuentas por su cumplimiento y por su efecto real en la vida de la gente.