La primera mitad de 2026 cerró en Puerto Rico con 248 asesinatos, 17 más que en el mismo lapso de 2025, un balance que intensifica la preocupación institucional por la seguridad en la isla y vuelve a poner en duda la eficacia de la respuesta oficial. La cifra también impacta a una sociedad estrechamente ligada a República Dominicana, donde viven más de 80 mil dominicanos en territorio puertorriqueño.
De acuerdo con la Policía de Puerto Rico, cuatro de cada 10 homicidios investigados este año están directamente asociados al narcotráfico. A ello se añade que tres de cada 10 muertes responden a venganzas o rencillas entre bandas rivales, mientras nueve de cada 10 asesinatos fueron perpetrados con armas de fuego ilegales. La mezcla de crimen organizado, disputas entre grupos y circulación de armas refleja un deterioro que rebasa la estadística y se traduce en mayor vulnerabilidad para la población.
Joseph González, jefe policial, defendió en una conferencia de prensa recogida por Prensa Latina la estrategia operacional aplicada en las zonas de mayor incidencia delictiva. Sin embargo, el propio balance oficial confirma el repunte de los homicidios, una contradicción que coloca bajo examen los resultados de esos operativos y la capacidad real de contención frente al avance de la violencia.
Aun así, el cuerpo de seguridad adelantó que los planes de contingencia seguirán sin variaciones estructurales, mientras sus analistas mantendrán la atención en patrullaje e inteligencia para interceptar cargamentos de armas. La decisión de sostener la misma línea en medio del deterioro deja abierto el debate sobre rendición de cuentas, prioridad ciudadana y la urgencia de respuestas más efectivas ante una crisis con costo social visible en toda la región caribeña.