SANTO DOMINGO. – Una propuesta sometida por el senador Antonio Taveras Guzmán volvió a colocar bajo escrutinio disposiciones penales que, según la iniciativa, resultan ambiguas o desproporcionadas y pueden restringir el ejercicio de la libertad de opinión, crítica e información. El proyecto modifica varios artículos de la Ley 74-25 con el argumento de fortalecer garantías constitucionales, proteger a los medios de comunicación de sanciones excesivas y ajustar los delitos contra el honor a criterios de legalidad y proporcionalidad.
Entre los cambios planteados, el artículo 208 sobre difamación quedaría limitado a la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor o la reputación de una persona. La propuesta elimina la prisión para ese delito y la sustituye por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de reparación civil. En el caso del artículo 209, que tipifica la denominada difamación extorsiva, la iniciativa la convierte en una modalidad agravada y reduce la pena actualmente prevista de cinco a diez años de prisión a una sanción de quince días a un año de prisión menor cuando se use para obtener beneficios indebidos o forzar a una persona a actuar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.
La modificación también alcanza el artículo 210 sobre injuria, para dejar la intervención penal solo en conductas graves y dolosas, eliminando las penas de prisión y manteniendo multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público y reparación civil. Con ello, la discusión se desplaza hacia la necesidad de revisar normas que afectan la relación entre poder, ciudadanía y medios, en un tema donde el Congreso queda bajo presión de rendir cuentas sobre si mantiene mecanismos punitivos cuestionados o corrige disposiciones con potencial efecto inhibidor sobre la crítica pública.