A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Perú, un juez de Lima abrió juicio contra Roberto Sánchez, aspirante a la Presidencia, por presuntos delitos de falsedad documental y ocultamiento de aportes financieros de Juntos Por el Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La resolución judicial irrumpe en el tramo final de la campaña y vuelve a situar bajo la lupa la transparencia con que las organizaciones políticas reportan el origen y manejo de sus recursos.
La Fiscalía pide cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez. Según la acusación, el candidato habría consignado información falsa sobre el estado financiero y los movimientos de caja de su partido en informes remitidos a la ONPE en enero y julio de 2019, en los que no se registraron aportes económicos de origen privado que, de acuerdo con la investigación, sí ingresaron a las arcas de la organización.
El Ministerio Público afirma que la omisión no obedeció a un error administrativo, sino a una acción deliberada para esconder el verdadero origen y monto de los recursos utilizados en ese período. El requerimiento penal, presentado en enero de 2026 por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, también solicita la inhabilitación definitiva de Sánchez para ejercer cargos de dirección partidaria, lo que implicaría su salida formal de la presidencia de Juntos Por el Perú. El caso añade presión institucional en plena campaña y refuerza la demanda de una fiscalización efectiva sobre el financiamiento electoral.