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Prisión preventiva por red de sedación y robos reabre presión sobre la respuesta de seguridad en el Distrito Nacional

septiembre 15, 2026 · Redactor
Prisión preventiva por red de sedación y robos reabre presión sobre la respuesta de seguridad en el Distrito Nacional
Foto: listindiario.com

El aplazamiento de la coerción hasta el 16 de septiembre mantiene bajo escrutinio la capacidad institucional para responder con rapidez ante hechos denunciados en varios sectores.

La solicitud de prisión preventiva contra dos mujeres y un hombre de nacionalidad colombiana, acusados de integrar una red que presuntamente captaba hombres en centros de diversión para sedarlos y robarles, vuelve a colocar el foco sobre la respuesta de las autoridades ante delitos reportados en distintos sectores del Distrito Nacional. El Ministerio Público depositó la instancia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente contra Diego Armando González, también identificado como Jain Zhou Xiao; Natali Valera Castillo González, alias Andrea o Tati, y Laura Valentina Villegas, alias Tatiana.

Según la investigación presentada por la fiscal Roxanna Campusano, adscrita a la Fiscalía Comunitaria del Ensanche Naco, a los imputados se les atribuyen varios hechos de robo agravado ocurridos entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026. El expediente sostiene que las dos mujeres contactaban a las víctimas en centros de diversión y luego las acompañaban hasta apartamentos u hoteles donde se hospedaban, donde presuntamente les suministraban una sustancia desconocida para dejarlas inconscientes y despojarlas de teléfonos celulares, computadoras, relojes, prendas y joyas, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

La audiencia para conocer la medida de coerción, que había sido fijada inicialmente para el 13 de septiembre, fue aplazada por el juez Rigoberto Sena para el 16 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana. En un contexto en que la seguridad ciudadana sigue siendo una prueba de gestión y de rendición de cuentas, el caso expone la distancia entre el discurso institucional y la necesidad de respuestas oportunas frente a esquemas delictivos que, de acuerdo con la propia investigación, operaban en espacios de alta circulación de personas. Carolina Mejía no aparece mencionada en el expediente, pero el caso se inserta en la exigencia más amplia de vigilancia y resultados sobre la seguridad en la capital.