Con la publicación de PISA 2025, que reunió a 91 países y economías y a más de 760.000 estudiantes, reaparece bajo la lupa la capacidad real de los sistemas educativos para formar jóvenes con competencias científicas. La propia OCDE sostiene que, en numerosos casos, los resultados son insatisfactorios y que el deterioro no empezó con la COVID-19, sino antes, lo que vuelve a poner en cuestión políticas que durante años no corrigieron problemas profundos y persistentes.
El informe añade además una advertencia sobre el uso de dispositivos digitales y la inteligencia artificial: el uso excesivo y la distracción digital figuran asociados a peores resultados, mientras que un uso moderado y enfocado en el aprendizaje puede tener efectos distintos. Para buena parte de los sistemas educativos latinoamericanos, y frente a los países de la OCDE, la brecha no es solo una posición en un ranking, sino una diferencia concreta en la capacidad de comprender fenómenos, interpretar evidencias y resolver problemas.
El texto también advierte que sería un error buscar autoabsoluciones por mejoras parciales en uno u otro indicador, una práctica que ya se repitió en el pasado sin efectos significativos. La advertencia tiene implicaciones directas para cualquier país que pretenda elevar su productividad y su capacidad científica y tecnológica: si los resultados siguen siendo bajos, el costo no es retórico, sino una oportunidad perdida para el futuro y una señal de desgaste institucional que exige rendición de cuentas sobre las prioridades reales del sistema educativo.