Participación Ciudadana advirtió que el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta vuelve a poner en duda la capacidad del sistema judicial dominicano para responder con firmeza en casos complejos de corrupción. Su coordinadora general, Leidy Blanco, afirmó que la decisión revela trabas estructurales en la lucha contra ese delito y obliga a revisar si las fallas están en la elaboración de los expedientes acusatorios o en la valoración judicial de las pruebas.
Las declaraciones llegan después de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional sacara del proceso penal a Castillo y Peralta en la fase preliminar del caso Calamar, al entender insuficientes las pruebas aportadas por el Ministerio Público para enviarlos a juicio de fondo. Para la organización cívica, la resolución no debe interpretarse únicamente como un resultado favorable para los acusados, sino también como una señal de alerta sobre el desempeño de las instituciones responsables de investigar y juzgar la corrupción administrativa.
Blanco sostuvo que la decisión deja abiertas preguntas sobre la calidad de los expedientes preparados por los órganos de persecución y sobre los criterios aplicados por los tribunales para definir si procede un juicio. A la vez, el anuncio del Ministerio Público de que apelará los autos de no ha lugar mantiene en primer plano un debate que va más allá de este expediente y refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se están tramitando los casos de mayor relevancia pública.