Una pesquisa de 17 meses coordinada por la fiscalía de Nueva York y la policía de la ciudad concluyó con el arresto y la acusación formal de Jason Alvarez, de 47 años y residente en Queens, y Christopher Sanchez, de 43 años, con domicilio en Brooklyn, señalados por integrar una red que distribuía cargamentos de cocaína en Queens. El dato más sensible del expediente es que las operaciones de compra y venta se realizaban a escasos metros de una escuela primaria pública.
La acusación formal presentada por las autoridades incluye 65 cargos criminales. Durante los allanamientos fueron incautados 93,831 dólares en efectivo, presuntamente vinculados a ganancias del narcotráfico, así como casi tres kilogramos de cocaína listos para su comercialización minorista. En el caso participaron el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado (OCTF), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la DEA.
De acuerdo con las autoridades, en esos 17 meses de pesquisa se reunieron cientos de horas de vigilancia física y encubierta, además de evidencia electrónica forense, entre ella geolocalización por GPS y chats interceptados en plataformas digitales. Aunque el operativo fue presentado como un golpe al crimen organizado local, el caso también expone la dimensión del riesgo que logró sostenerse durante meses en el entorno de una escuela, un punto que vuelve a poner la atención sobre la necesidad de vigilancia y control permanentes.