La revisión en segunda instancia del caso Operación Gavilán volvió a colocar bajo escrutinio una estructura acusada de borrar y alterar antecedentes penales a cambio de sobornos, un expediente que mantiene abierta la alerta sobre la capacidad del sistema para proteger información sensible. Ante la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el Ministerio Público pidió rechazar los recursos de Luis Peña Cedeño, Víctor Gilberto Mercedes, José Ramón Quezada y Pilar Irene Trinidad, condenados a 10 años de prisión por el Cuarto Tribunal Colegiado en agosto de 2025.
Los fiscales Eduardo Velázquez y Miguel Crucey defendieron las pruebas que sustentaron la sentencia. Velázquez sostuvo que la acusación fue probada “más allá de toda duda razonable” y afirmó que los recursos carecen de base jurídica suficiente para revertir la decisión. También dijo que los alegatos presentados por los procesados durante su defensa material forman parte de un derecho amparado por la Constitución y el Código Procesal Penal. La corte, integrada por Pedro Sánchez Rivera, Nancy Joaquín y Mariana Daneyda García, se reservó el fallo para el 2 de octubre de 2026. Más allá del trámite judicial, el caso deja en primer plano una exigencia de fiscalización sobre instituciones que deben garantizar seguridad jurídica y confianza pública, especialmente cuando una red de esta naturaleza logró operar sobre registros de antecedentes penales.
En agosto de 2025, el tribunal de primera instancia impuso 13 condenas contra integrantes de la estructura procesada.