El caso Onco-14 vuelve a poner bajo la lupa el uso de recursos públicos destinados a la salud, ahora con señalamientos de que fondos del Senasa habrían sido sustraídos a través del Instituto Oncológico del Cibao. En Santiago, el Ministerio Público apresó a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a quienes atribuye asociación de malhechores, estafa, soborno y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, esos recursos debieron emplearse en pacientes con cáncer del régimen subsidiado y del Estado que acuden a ese centro desde todo el Cibao. El expediente, denominado Onco-14, también se presenta como parte de una secuencia de investigaciones ligadas al fraude en Senasa, un caso que ya había generado indignación por el presunto desvío de dinero destinado a la población más pobre y vulnerable.
El nuevo escándalo vuelve a reforzar la demanda de vigilancia y rendición de cuentas sobre las estructuras que administran fondos de salud, sobre todo porque el órgano acusador todavía no ha revelado el monto del dinero defraudado. En una coyuntura marcada por casos sucesivos, la prioridad regresa a esclarecer el alcance del perjuicio y a establecer responsabilidades sobre recursos que debieron traducirse en atención para pacientes, no en nuevas tramas de corrupción.