La cancelación de los llamados “servicios especiales de transporte” en la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) no solo pone fin a una práctica de años: también deja a la vista un deterioro en la gestión de un servicio público esencial. De acuerdo con la propia institución, ese esquema permitía entregar autobuses, combustible y choferes a instituciones y particulares, y solo en 2023 sumó 1,858 servicios. En junio de 2025 fueron 101, dirigidos a entidades públicas, iglesias, clubes, juntas de vecinos, escuelas, servicios fúnebres y otras organizaciones.
El director actual reconoció que la OMSA operaba “como una empresa pública de beneficencia” y que unidades solicitadas para determinadas actividades terminaban en destinos distintos, al tiempo que dejaban de cubrir el servicio regular para la población. Ahí aparece el contraste entre el discurso y la realidad: una entidad concebida para el transporte colectivo acabó destinando recursos públicos a una actividad accesoria de gran magnitud, con mecanismos descritos como aparentemente discrecionales y con costo para los usuarios que dependían del servicio ordinario.
Más allá de la OMSA, el caso coloca a la sociedad civil frente a una alerta institucional de mayor alcance: si una práctica así se mantuvo durante años, la discusión ya no se limita a su cancelación, sino a quién fiscalizaba, quién evaluaba el gasto y por qué tuvo que cambiar el incumbente para que se cuestionara. La corrección anunciada abre una oportunidad de rendición de cuentas sobre presupuesto, controles y prioridades reales de la gestión pública.