La decisión que absolvió a Nicolás Castillo Báez y Francis Alberto Fuentes por la muerte de Espeditin Díaz, de 67 años, volvió a poner bajo la lupa la solidez de la investigación y la capacidad del sistema para sostener acusaciones graves hasta una condena. El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa dispuso la libertad de ambos imputados por un hecho ocurrido en diciembre del año pasado en Rincón del Pino, donde además se denunció el robo de un celular, RD$10,000 y un foco.
Los jueces Jorvy Armando Sánchez Eusebio, Victor Gabriel Cuevas Cruz y David Antonio Santos Merán emitieron la sentencia absolutoria después de que la defensa pública alegara insuficiencia de pruebas. De acuerdo con los magistrados, durante el juicio no pudo probarse el robo agravado, hubo contradicciones entre testigos y no se aportaron elementos suficientes. Aun así, la fiscalía, representada por Juan Ysidro Minyetty y José Altagracia Castillo, había pedido 20 años de prisión para los dos acusados, en una diferencia que deja abiertas exigencias de rendición de cuentas sobre cómo se construyó el expediente.
Los familiares de Espeditin Díaz reaccionaron con indignación ante el fallo y anunciaron que apelarán la decisión. Sostuvieron: «Estamos indignados porque ahí están las pruebas». Más allá del desenlace de esta etapa judicial, el caso activa una alerta institucional para la sociedad civil sobre la necesidad de vigilancia y explicaciones en procesos que terminan con absolución en medio de reclamos de justicia.