El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, tuvo que abrir la puerta a cambios en su reforma constitucional de seguridad después de que el nuevo estado de excepción planteado en el proyecto chocara con objeciones transversales y con la advertencia de que no tendría apoyo en el Congreso. La iniciativa, ingresada la semana pasada para enfrentar al crimen organizado, facultaba al presidente a decretar por ocho meses un estado de excepción sin consulta previa al Congreso.
Ese mecanismo habilitaba limitar la libre circulación, el derecho de reunión y asociación, además de intervenir las comunicaciones de los ciudadanos por cualquier medio. Ante ese alcance, el ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo, Claudio Alvarado, dijo que el Gobierno está dispuesto a «escuchar las propuestas» antes del inicio de la discusión en el Senado a comienzos de la próxima semana, e incluso abrió la posibilidad de pedir autorización del Congreso o revisar la duración de 120 días. La resistencia no quedó solo en el debate institucional. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió retirar el estado de excepción de la reforma, afirmó que Renovación Nacional no respaldará esa medida en el Congreso y sostuvo que un quinto estado de excepción constitucional «no es necesario».
La divergencia también apareció en la encuesta de Cadem divulgada el domingo: 49 % dijo estar en desacuerdo con un nuevo estado de excepción, frente a un 51 % que consideró que el Gobierno debe ret