La puesta en marcha de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, junto con la Ley 97-25, sobre el nuevo Código Procesal Penal, encendió una nueva alarma institucional en el sector salud. El Colegio Médico Dominicano (CMD) advirtió que la combinación de ambas normas podría derivar en una criminalización excesiva del ejercicio médico, con repercusiones directas en la atención a los pacientes.
Luis Peña Núñez, presidente del gremio, afirmó que el nuevo marco penal puede generar una amenaza permanente de procesos judiciales y llevar a los profesionales a practicar una medicina defensiva. A su juicio, ese escenario no solo aumentaría los costos de atención, sino que también haría más difíciles las decisiones clínicas oportunas y restringiría el acceso de la población a servicios especializados, un contraste que vuelve a poner bajo la lupa el impacto real de las reformas legales sobre servicios esenciales.
El CMD reiteró que no defiende la impunidad, sino un equilibrio entre los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de los médicos. En ese sentido, propuso que las controversias clínicas sin dolo, fraude o negligencia temeraria sean tratadas preferentemente en las jurisdicciones civil, administrativa o disciplinaria, y pidió garantías de debido proceso para impedir que el sistema penal sea utilizado como un mecanismo de presión constante contra los profesionales de la salud.