La solicitud del Ministerio Público para que se rechacen las apelaciones de cuatro condenados por borrar y alterar antecedentes penales a cambio de sobornos vuelve a colocar el foco en una falla de alto impacto institucional: la capacidad de una red para manipular fichas dentro del sistema penal. Ante la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los fiscales Eduardo Velázquez y Miguel Crucey defendieron las pruebas con las que se sustentó la condena de 10 años de prisión impuesta en agosto de 2025 a Luis Peña Cedeño, Víctor Gilberto Mercedes, José Ramón Quezada y Pilar Irene Trinidad.
Según el Ministerio Público, la culpabilidad de los imputados fue demostrada con pruebas contundentes y más allá de toda duda razonable. Velázquez sostuvo que los recursos conocidos carecen de sustento y de elementos de prueba que permitan revocar una decisión que, afirmó, fue emitida en favor de la sociedad y debidamente motivada en hechos y derecho. La posición oficial es que la sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado será confirmada.
El caso, sin embargo, trasciende la defensa de una condena: expone el costo institucional y social de una estructura que, de acuerdo con la acusación ya sancionada en primera instancia, operó mediante sobornos para alterar registros penales. Aunque los procesados ejercieron su defensa material, un derecho amparado por la Constitución y el Código Procesal Penal, la revisión en alzada mantiene abierta una exigencia de rendición de cuentas sobre los controles que debieron impedir una maniobra de esta naturaleza.