La investigación penal sobre la operación Onco14 reubica el foco en la supervisión de los recursos públicos destinados a pacientes oncológicos del régimen subsidiado en las 14 provincias del Cibao. Según el expediente coordinado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la Fiscalía de Santiago, entre octubre de 2018 y octubre de 2025 operó en el Instituto Oncológico Regional del Cibao un esquema sistemático que habría desviado aproximadamente RD$148,660,116.70 en beneficio de directivos salientes y empresas asociadas, pese a que los estatutos de la Junta Directiva establecían cargos estrictamente honoríficos y sin remuneración.
Durante ese período, el Seguro Nacional de Salud canalizó al Patronato RD$3,754,064,167.76 para cubrir atenciones médicas. Sin embargo, al intervenirse la administración, el centro presentaba desabastecimiento crítico, cuentas por cobrar a Senasa por RD$104,275,183.41 y una deuda acumulada con laboratorios y casas farmacéuticas de RD$404,214,629.81, con facturas vencidas de hasta 18 meses. El contraste entre el volumen de fondos transferidos y la situación encontrada refuerza las preguntas sobre los controles aplicados al manejo de esos recursos.
El expediente también describe maniobras que impactaban procesos clínicos, la dispensación de fármacos y la gestión de espacios hospitalarios, incluyendo quimioterapias con dosis incompletas en el área ambulatoria. El caso abre una alerta institucional sobre la fiscalización de fondos de salud y vuelve a colocar en primer plano la exigencia de rendición de cuentas en un servicio dirigido a pacientes de alta vulnerabilidad.