La decisión del Gobierno dejó a más de 500.000 personas en Puerto Rico bajo racionamiento de agua, después de que el embalse Carraízo, principal suplidor para al menos siete municipios, bajara de los 38 metros y entrara en la zona de “ajustes operacionales”. La medida afecta a unos 183.000 hogares y comercios abonados en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos, con interrupciones en turnos de 48 horas.
La situación coincide con la primera gran sequía de la isla desde 2015 y con un deterioro más amplio: el 80 % del territorio ya atraviesa condiciones de sequía, mientras la franja sur del centro y oeste se mantiene en nivel extremo. Julio fue, además, el mes más seco desde que comenzaron los registros en 1899, con apenas 0.54 pulgadas de lluvia, equivalente al 9 % de lo normal; un contraste que aumenta la presión sobre un servicio esencial y deja la gestión pública bajo mayor escrutinio.
En la calle, el efecto ya se traduce en gasto y en previsión forzada para la población. “Presiento que esto va para largo”, dijo a EFE Elena Cabrera, residente de la zona metropolitana, tras comprar agua embotellada para dos vecinas ancianas. Cabrera aseguró que se preparó antes del anuncio del racionamiento y atribuyó parte de la situación al Gobierno actual, a pasados gobernantes y a directivos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por “las malas decisiones” tomadas sobre el sistema.