La Audiencia de Málaga ha impuesto 52 años de prisión a un sacerdote por agredir sexualmente a cuatro mujeres, a quienes sedaba y grababa sin su consentimiento, en una resolución que va más allá de la pena y sitúa el foco en los vacíos de vigilancia que permitieron los hechos dentro de una relación de confianza forjada en espacios religiosos.
La sentencia, conocida este jueves, da por acreditada la tesis de la Fiscalía y de las acusaciones particulares. El tribunal concluye que el condenado aprovechó su presencia en distintas instituciones religiosas para ganarse la confianza de las víctimas, con las que mantenía una amistad nacida en esas actividades. Después les suministraba una sustancia de composición no determinada, que les provocaba una somnolencia profunda y pérdida de conciencia, estado en el que cometía las agresiones sexuales.
El fallo le impone 12 años de prisión por cada uno de tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, agravados por abuso de confianza, además de 13 años de alejamiento respecto de esas tres víctimas. Por un cuarto delito continuado de abuso sexual, también agravado por abuso de confianza, recibió otros cuatro años de cárcel y una orden de alejamiento de cinco años respecto de la cuarta mujer.
A esa pena se suman 12 años más por cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos, al haber grabado a las víctimas. La sentencia ordena además indemnizaciones superiores a 400.000 euros y fija la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Málaga, un elemento que traslada el caso del plano individual al de la fiscalización institucional.
Más allá de la gravedad de los hechos, la resolución subraya el contraste entre el espacio de confianza en el que ocurrieron y la exigencia que ahora recae también sobre la estructura vinculada al condenado. El fallo deja planteada una demanda de vigilancia y rendición de cuentas sobre los entornos donde el abuso de poder puede ocultarse detrás de la cercanía y la autoridad.