Aunque sigue fuera del foco de la gestión pública, la depresión y otros trastornos de salud mental ya dejan una huella económica directa. El texto señala que ese sufrimiento humano se traduce en pérdida de productividad, saturación de la red hospitalaria y empobrecimiento progresivo de los hogares, una carga que drena el PIB sin quedar reflejada de manera explícita en los indicadores tradicionales ni en el presupuesto del Estado.
Con cifras de la Organización Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial, la pieza recuerda que los trastornos de salud mental cuestan a la economía global cerca de 1 billón de dólares anuales en pérdida de productividad. Además, subraya una distorsión menos visible para empresas y trabajadores: por cada dólar que se pierde por ausentismo, el sector privado deja de ganar entre tres y cuatro dólares por presentismo, cuando el empleado sigue en su puesto pero con su capacidad cognitiva y de decisión severamente reducida por un cuadro depresivo.
En el plano local, el diagnóstico apunta a un doble estrangulamiento institucional: una red pública de atención precaria y la exclusión de la salud mental de la cobertura de la seguridad social. En un mercado laboral con una informalidad que ronda el 50% de la fuerza laboral, una depresión no tratada puede empujar a las familias hacia una mayor precariedad. Frente a ese contraste entre discurso y realidad, el planteamiento central es que la respuesta no puede seguir siendo reactiva: integrar la salud mental al catálogo de cobertura de la seguridad social y descentralizar la atención desde el primer nivel aparecen como reformas urgentes para reducir un costo social que hoy pagan los ciudadanos sin una respuesta proporcional del Estado.