La República Dominicana consiguió un laudo favorable en un arbitraje internacional por más de US$100 millones, luego de que un tribunal rechazara por completo las demandas del empresario francés Yves Martine Garnier contra el Estado dominicano por la terminación de un contrato de recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este. El desenlace evita un golpe económico de gran magnitud, aunque el expediente vuelve a poner en primer plano la necesidad de fiscalizar cómo se adjudican, ejecutan y concluyen concesiones de servicios esenciales.
El laudo fue emitido el 19 de agosto de 2026 en el marco del acuerdo de inversiones firmado entre Francia y República Dominicana en 1999. Allí se determinó que la terminación de la concesión ocurrió conforme al derecho dominicano y obedeció a deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana, S.A., empresa vinculada al demandante. El procedimiento había sido presentado el 4 de octubre de 2021 ante la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el caso número 2022-01, a partir del contrato suscrito entre esa compañía y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Además, el tribunal concluyó que los hechos expuestos no alcanzaban el estándar necesario para demostrar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el país. Desde el Gobierno, el fallo fue presentado como una victoria, con declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, en defensa del Estado y de la seguridad jurídica. Aun así, el caso deja sobre la mesa una tensión de fondo entre el discurso oficial y la realidad de una disputa que escaló a arbitraje internacional por un servicio básico, en un escenario que reclama rendición de cuentas sobre la gestión pública involucrada y los controles institucionales en contratos de alto impacto ciudadano.