La muerte de Marky Abraham García Gil, alias «Maiky», durante una persecución policial en el sector El Hatico, provincia La Vega, volvió a colocar bajo presión la reforma de la Policía Nacional. El caso, ocurrido el sábado 13 de junio, provocó cuestionamientos después de que versiones difundidas indicaran que el joven habría levantado las manos en señal de rendición antes de ser abatido y que luego su cuerpo fue retirado del lugar y arrastrado por un callejón.
Ante esas denuncias, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que el Gobierno apuesta a que los agentes cumplan con los debidos procesos establecidos en los protocolos. También señaló que, cuando ocurre un caso que «sale de contexto», actúan de inmediato los organismos de inspectoría y asuntos internos, mientras la Policía Nacional lleva a cabo su investigación interna y el Ministerio Público desarrolla las pesquisas dentro de su ámbito de competencia.
La funcionaria reiteró que la transformación policial debe sustentarse en los derechos humanos y aseguró que no se busca garantizar impunidad, sino transparencia. Aun así, el episodio vuelve a exponer la exigencia de rendición de cuentas sobre una reforma que sigue siendo evaluada a la luz de denuncias graves y de la demanda ciudadana de una Policía realmente cercana, capaz de servir y proteger sin apartarse del debido proceso.