El año escolar 2026-2027 comenzó el 24 de agosto con actos oficiales simultáneos y el mensaje de un sistema preparado: más de dos millones de estudiantes convocados, más de 120,000 docentes, nuevas aulas, planteles intervenidos, maestros capacitados y servicios organizados. Sin embargo, esa versión quedó pronto bajo presión cuando la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó que 237 centros no habían iniciado la docencia con estudiantes y que otros 108 solo funcionaban en algunas tandas o niveles.
De acuerdo con el monitoreo presentado por la ADP, 345 de 1,832 reportes válidos reflejaban una apertura incompleta o inexistente. A ello se añadieron denuncias sobre obras inconclusas, deterioro de planteles, falta de agua, electricidad, personal y alimentación, además de baja asistencia y dificultades para encontrar cupo. El contraste dejó al descubierto una distancia entre la imagen de normalidad proyectada desde el poder y las condiciones efectivas en parte del sistema educativo.
La coexistencia de ambas versiones pone el foco en la gestión y en la necesidad de rendición de cuentas sobre los resultados reales del inicio escolar, más allá del cumplimiento formal de la fecha. En un servicio esencial, la discusión no se limita a la apertura oficial, sino a si las escuelas estaban realmente en condiciones de recibir a la comunidad educativa. Esa brecha, con impacto directo sobre la niñez y la juventud más vulnerables, refuerza la alerta institucional sobre la capacidad del gobierno dominicano para convertir anuncios en funcionamiento efectivo.