La elevada cantidad de muertes asociadas al uso de motocicletas vuelve a poner bajo la lupa la capacidad del Estado para regular el tránsito y proteger a la población. Si, como se plantea, el 70% de las fatalidades viales en República Dominicana está vinculado a este medio de transporte, mantener correctivos débiles solo prolongaría una crisis de seguridad vial con elevados costos humanos y económicos.
A partir de ese diagnóstico, toma impulso la propuesta de suspender por un tiempo la importación de ciclomotores de baja cilindrada, presentada como una salida extrema frente a la ausencia de respuestas eficaces. La idea se apoya en un panorama descrito como de impunidad casi absoluta, calles convertidas en tierra de nadie y un vacío de autoridad que ha dejado al Estado sin capacidad para frenar una de las principales fuentes de siniestralidad.
Aun sin llegar a una decisión tan drástica, la discusión deja en evidencia la falta de controles previos suficientes sobre quienes acceden a este tipo de vehículos. El debate también señala la debilidad institucional de la Digesett, a la que se atribuye incapacidad para responder con sus actuales facultades, número de agentes y medios de desplazamiento. El resultado es un contraste cada vez más visible entre la obligación oficial de ordenar el tránsito y una realidad en la que continúan acumulándose víctimas, gastos para el Estado y una demanda pendiente de medidas contundentes.